Quien quiere acabar con las defensorias del televidente colombiano?

Se comparte esta noticia sobre la queja del Congreso de la República al Procurador General de la Nación, en razón de la autorización que dió la CRC en la Resolución 5959 del 3 de abril de 2020, para suspender por vía administrativa la producción del programa de la Defensoría del Televidente que ordena el artículo 11 de la Ley 335 de 1996.


Bogotá D.C. 02 de octubre 2020.

Doctor

FERNANDO CARRILLO FLÓREZ

Procurador General de la Nación

Ciudad

ASUNTO: Solicitud de intervención del Ministerio Público frente a la Resolución

No. 5959 del 3 de abril de 2020 que expidió la Sesión Audiovisual de la Comisión

de Regulación de Comunicaciones, CRC, la cual autoriza suspender la producción

del programa de las “Defensorías del Televidente” que ordena el artículo 11 de

la Ley 335 de 1996, como régimen de protección de los derechos de los niños,

niñas y adolescentes en el servicio público de televisión, en contravía de la

Constitución, la Ley de Televisión y de Instrumentos para la Protección de

Derechos Humanos ratificados por Colombia.

Respetado señor Procurador:

Respetuosamente le solicito que, en su condición de Jefe del Ministerio Público

intervenga de manera urgente frente a lo dispuesto por la Resolución No. 5959

del 3 de abril de 2020 que expidió la Sesión Audiovisual de la Comisión de

Regulación de Comunicaciones, CRC.

Esta resolución suspende, por vía de autorizar la repetición de programas viejos,

el mandato legal que ordena la producción audiovisual regular del programa de

las Defensorías del Televidente, el cual constituye un mecanismo legal de

protección de los derechos fundamentales de los televidentes, las niñas, los niños,

los adolescentes y de las familias colombianas, mediante la atención de las quejas

relacionadas con la programación que los canales de televisión tienen al aire o

están emitiendo por otros mecanismos de distribución.

Lo anterior, en razón a que la Resolución No. 5959 del 3 de abril de 2020 que

expidió la Sesión Audiovisual de la Comisión de Regulación de Comunicaciones,

CRC, (anexo), constituye el desmonte irregular del régimen de mecanismos de

protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes


Con la expedición de este acto administrativo se hace un uso desviado del

ejercicio del poder público en los Estados de Excepción, el cual expresamente se

encuentra limitado por el artículo 215 de la Constitución y la Ley 137 de 1994.

Como se expone a continuación, este proceder de la Coordinación de Contenidos

y de los Comisionados miembros de la Sesión Audiovisual de la CRC, se

despliega en contravía de lo establecido en la Constitución Política de Colombia

y en Instrumentos para la Protección de Derechos Humanos ratificados por

Colombia, como es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño y el

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la

venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía.

El artículo 11 de la Ley 335 de 1996 dispuso: “Los operadores privados del servicio

de televisión deberán reservar el 5% del total de su programación para

presentación de programas de interés público y social. Uno de estos espacios

se destinará a la Defensoría del Televidente. El Defensor del Televidente será

designado por cada operador privado del servicio de televisión”.

Al referirse a la constitucionalidad y alcance de la disposición que ampara la

obligación de contar con los espacios de la Defensoría del Televidente como

mecanismos para el ejercicio del derecho fundamental de participación y de

protección de los derechos de los televidentes, en la Sentencia C-350 de 1997, la

Corte Constitucional señaló:

“… se encuentra que a través de ella el legislador estableció, para los

canales de operación privada, primero algunos mecanismos que permiten

la realización indirecta del principio de participación y luego un sistema de

auto-control para los canales privados, del cual están excluidos los usuarios

del servicio; al efecto expresamente le impuso a los operadores de dichos

canales las siguientes obligaciones: - Reservar por lo menos el 5% de su

programación, para la emisión de programas de interés público y

social. - De esos programas, destinar por lo menos uno a la defensoría

del televidente. - Designar él mismo al defensor del televidente. Las dos

primeras obligaciones propician indirectamente la realización del principio

de participación ciudadana, pero no lo realizan plenamente, pues a través

de la primera, por ejemplo, se viabiliza la utilización de espacios por parte

de las organizaciones no gubernamentales, de las instituciones del Estado

y en general de los ciudadanos, para desarrollar y tratar temas de interés

público y social, entre los cuales están, obviamente, los que tienen ver

directa o indirectamente con la prestación de los servicios públicos, entre

ellos la televisión; en la segunda, ya de manera expresa se obliga al

operador privado a destinar por lo menos uno de esos programas a la

defensa del televidente, con lo que se garantiza un mínimo espacio para la realización del principio de participación, el cual, no obstante,

requiere para su pleno desarrollo del diseño paralelo de mecanismos

que permitan el acceso a ese espacio de los usuarios del servicio,

aspecto que no contempla la norma atacada ni ninguna otra disposición de

la ley 335 de 1996; el problema que plantean los actores surge con la

tercera obligación, que establece que será el mismo operador privado el

que designe al defensor del televidente…”

De esta manera, es evidente que el artículo 11 de la Ley 335 de 1996 estableció

como una obligación legal para los Canales de Televisión la programación del

espacio de las Defensorías del Televidente, el cual, aun con las precisiones de la

Sentencia C-350 de 1997, constituye un mecanismo para garantizar el derecho

fundamental a la participación por parte de los televidentes, las niñas, los niños,

los adolescentes y de las familias colombianas.

Tratándose de que el mandato del artículo 11 de la Ley 335 de 1996 sobre el

programa de las Defensorías del Televidente constituye una obligación legal en

materia de programación, los Comisionados miembros de la Sesión Audiovisual

de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, no tienen la competencia

legal para modificar –mediante mecanismos indirectos- los porcentajes de la

programación de televisión como, según la jurisprudencia contenida en la

Sentencia C-564 de 1995, tampoco la tenían entonces los miembros de la Junta

Directiva de la extinta Comisión Nacional de Televisión, CNTV:

“Por eso, el parágrafo demandado, al autorizar de manera permanente e

ilimitada a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión

para modificar los porcentajes mínimos de programación nacional

fijados en la propia ley, vulnera la Carta Política (…) La determinación

de la Corte no implica que ella considere opuesta a la Constitución una

flexibilidad, dispuesta y estructurada por la propia ley, que permita variar los

porcentajes de programación nacional en televisión según el

comportamiento y las necesidades del medio, y de conformidad con la

oferta de material y personal de origen colombiano. Lo que se halla

incompatible con los preceptos superiores es la reasignación de

funciones legislativas en un ente administrativo y la delegación en

éste de la atribución -exclusiva del legislador- de modificar las leyes”.


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