MARCHAS POR UNA ECONOMIA POPULAR AGRARIA AYER Y HOY.

MARCHAS POR UNA ECONOMÍA AGRARIA Por GERNEY RÍOS GONZÁLEZ, Director Fundación Centro Andino de Estudios Las movilizaciones de centenares de campesinos e indígenas que encabezaron las protestas por el derecho a la vida, las fumigaciones y el exterminio de las plantaciones, sorprendieron a la comunidad internacional y se pensó que eran movimientos nuevos, originados en la presión de las autoridades y el establecimiento de una suerte de trabajo, el cultivo ilícito, con el cual los labriegos estaban afianzando su porvenir y el de sus familias.

Pero esta suerte de marchas, no son novedades en Colombia, ni en el mundo. Las colectividades tienen siempre una razón de desahogo cuando se afectan sus intereses, especialmente agrarios. No sólo en los tiempos que corren, la protesta ha sido la norma de la humanidad que trabaja la tierra y las fábricas.

En el Medioevo Alemania, Francia e Italia sufrieron presiones sociales; brotaron movimientos en Suiza y Holanda. El siglo XVIII fue prolífico en estas acciones. Por lo menos 200 años de historia laboral tienen lunares y contiendas, motivados especialmente por los atropellos de las autoridades.

En Latinoamérica son notorios los movimientos sociales. El de Los Comuneros en Santander-Colombia-, aparentemente fue la chispa que prendió el ansia de libertad del yugo español y la gota de agua que rebasó la copa de la paciencia de los “criollos” contra sus gobernantes ibéricos.

En Alemania las “marchas” se organizaron por motivos religiosos en tiempo de la reforma protestante acaudillada por Martín Lutero. Las revueltas campesinas terminaron en sangrientas asonadas; se debe referenciar los movimientos comuneros de Castilla a comienzos de 1600, por las malas cosechas y las imposiciones fiscales de los gobernantes a quienes trabajaban la tierra.

La política agraria impuesta por el Mercado Común Europeo generó marchas en varios países del Viejo Mundo y las protestas dirigidas contra el “supra-gobierno multilateral” con sede en Bruselas.

En la Provincia de El Socorro, brotó el movimiento comunero que tuvo como caudillo a José Antonio Galán recordado positivamente en nuestra historia patria. Fue una revolución armada, gestada en el Virreinato de la Nueva Granada en marzo de 1781, en el marco de diferentes protestas, propiciadas por el reformismo borbón en América en el reinado de Carlos III. Insurrección desencadenada por la implementación de cambios económicos y fiscales sobre la población, el rebasamiento de privilegios, y obstáculos al cultivo del tabaco en perjuicio de los productores locales, lo cual desembocó en un ambiente de total descontento.  

De 1928 a 1931 se produce el levantamiento de los trabajadores bananeros con la serie de actos de fuerza contra la United Fruit Company que terminó con la represión del Coronel Carlos Cortés Vargas en el gobierno de Miguel Abadía Méndez, cuando los obreros de las plantaciones legales se sublevaron por las deplorables condiciones en la que laboraban los empleados, la explotación irracional por parte de la industria, los malos tratos y los bajos salarios, dirigidos en su momento por la legendaria María Cano e Ignacio Torres Giraldo, ambos líderes del Partido Socialista en Colombia.

La tensión laboral suscitada por los nefastos procedimientos de los patronos de la United Fruit Company estalló en huelga. La masacre de las bananeras producida entre el 5 y 6 de diciembre de 1928, que causó 333  muertos, fue tema de debate en el Parlamento y de esta acción contra los obreros  se ocupó el joven político, Jorge Eliécer Gaitán que hacía sus primeras armas para convertirse en el caudillo, inmolado por oscuros criminales cuando estaba ad-portas de la Presidencia de la República el 9 de abril de 1948.

La rebelión de los Comuneros sólo fue aplacada con las “Capitulaciones de Zipaquirá” de las cuales lograron ventajas los gobernantes coloniales al servicio de la Corona española. Los puntos destacados del documento fueron la derogación de los impuestos que no habían sido consultados con el pueblo, retorno de algunos resguardos y minas de sal a los indígenas, reducción de la tarifa y la cancelación del diezmo.

La historia del derecho público empieza con el pacto de paz acordado en Zipaquirá el 8 de junio de 1781 entre Juan Francisco Berbeo, controvertido conductor de la Revolución de los Comuneros y la comisión realista de negociadores, compuesta por el alcalde de la capital, Eustaquio Galvis, y el oidor Joaquín Vasco y Vargas.

Afloró este movimiento que involucró al sur del país, con Popayán a la cabeza por los impuestos fijados a los cultivos de tabaco y anís. Los acaudalados ciudadanos se volvieron contra los revoltosos y respaldaron las medidas españolas. Las autoridades crearon estancos en los que se cobraban los tributos a estos dos productos de la tierra. Conocemos la infausta suerte que corrieron José Antonio Galán y sus compañeros a manos de los “pacificadores” en el Nuevo Reino de Granada. Tabaco y anís son plantas medicinales, aun cuando el segundo se usa en la elaboración de aguardiente; el primero tiene marcadas toxinas naturales que en moderada proporción son utilizadas en remedios. Como vicio, el tabaco causa daño al organismo humano, especialmente desarrolla cáncer del pulmón, la garganta y úlceras estomacales.

Las “marchas comuneras” no tuvieron el arraigo popular que reclamaba la causa de la independencia, como si fueron notables los reclamos políticos surgidos en el Perú encabezados por Túpac Amaru. Los movimientos bananeros en el Magdalena repercutieron económicamente, pero sofocados a “sangre y fuego” sólo alcanzaron notoriedad en años posteriores.

De tal forma que la descripción de las marchas campesinas a partir de 1996 en el sur y centro-norte del país, tienen una correlación entre sí y es el reclamo por la tierra, las facilidades al trabajo y mejores salarios rurales, diferenciadas por cuanto las jornadas de camino promovidas por los agricultores del sur, buscaban presionar al gobierno para dejarlos en libertad de cultivar coca y amapola, únicas fuentes rentables de ingresos para familias labriegas.

Los campesinos colombianos no fueron empujados a realizar las marchas de protesta por razones propias en busca de un mejor estar de vida, sino estimulados por la economía subterránea y grupos al margen de la ley que se lucran por cuidar las plantaciones millonarias con ganancias en dólares producto del comercio internacional de las drogas.


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