Constituyente o Referendo , viables pero no inoportunos. El gobierno todo lo hizo al revés.

A UN GOBIERNO QUE TODO LO HACE TODO AL REVÉS NO LE PUEDE IR BIEN. COLOMBIA

ESTÁ AL GARETE, DESPROTEGIDA Y SIN NORTE.


CONSTITUYENTE O REFERENDO CONSTITUCIONAL PARA REFORMAR LA JUSTICIA, LA

SALUD Y LA POLITICA SON NECESARIAS UNA VEZ SE SUPEREN LAS CRISIS.


Hay quienes consideran que la propuesta de una nueva asamblea constituyente o un

referendo constitucional para salir de la actual crisis política, social y de conmoción

interna que vive el país es viable pero inconveniente, amén de riesgosa por que pondría algobierno contra la espada y la pared y desgastaría su baja credibilidad, confianza y respetopúblico al considerar que sería oportunista y ventajoso. Esas dos vías son viables pero inoportunas por ahora. La tercera vía, que es la reforma de la Carta Política a través delcongreso no se tiene en cuenta porque los colombianos no creen ni confían en sus integrantes.


Otros consideran que la Constitución no debe ser objeto de alteraciones o cambios,

tampoco manipulaciones para resolver situaciones coyunturales por más críticas que sean,como los estados de emergencia que afronta el país. Por un lado, la inesperada pandemia y por otro la grave perturbación del orden público de fuerzas desestabilizadoras queacechan a espera de la mínima oportunidad para atentar contra el Estado, sus instituciones, la sociedad y la democracia, tienen soluciones en la ley.


Las reformas estructurales a la política, la justicia y la salud son urgentes e inevitables,

pero no ahora. El palo no está para cucharas.


Enfoquémonos en las crisis que afrontamos. La emergencia por la pandemia del Covid 19 es enfrentada por el gobierno con relativo éxito, aunque con el inevitable y lamentable costo de vidas y ruina que una amenaza de este tipo genera. En lo que se refiere a la otra emergencia, provocada por el sistemático ataque de los grupos que pretenden desestabilizar el país, infiltrados en las justas protestas sociales, que para algunos justificaría una asamblea constituyente o un referendo constitucional y podría

considerarse como propuesta de negociación y salida política al creciente conflicto,

convocarla en las actuales circunstancias sería de alto riesgo para la democracia, el Estado y la sociedad.


No faltarán quienes la califiquen como una salida populista, oportunistas o politiquera.

La crisis que vive Colombia en gran parte escaló debido a la tardía y omisiva reacción del

gobierno para utilizar los mecanismos legales existentes y de esa manera conjurar un

estallido social. En un exceso de confianza de su poder disuasivo el presidente de la

república Ivan Duque creyó que para mantener el orden público bastaba sacar la policía a la calle a aplicar comparendos didácticos y sancionatorios con multas. Mientras tanto enla calle, una masa heterogénea de gentes, unas violentas otras bien intencionadas,

demandan inmediato cambio de rumbo. Lo grave es que este gobierno hizo las cosas al

revés.


Para enfrentar la pandemia del Covid 19, en estado de emergencia, no tuvo en cuenta

normas del código penal sancionatorias con prisión y multas a propagadores de epidemia (Art. 369 CP) y violadores de normas sanitarias (art.368 CP) que pudo hacer extensivas a los promotores y realizadores de las aglomeraciones que, amparados en las protestas sociales y sospechosos paros nacionales, desafiaron al Estado y violaron la ley. Vino entonces el desgaste de la fuerza pública y las inevitables medidas restrictivas de las libertades en salvaguarda de la salud y el orden público que exacerbaron los ánimos y las pasiones populares, inconformidad aprovechada por criminales infiltrados para causar caos, confusión, violencia, destrucción y muerte, en su afán de debilitar la democracia, tumbar el gobierno e instrumentalizar al pueblo contra el Estado legítimo y la sociedad.


En esa continua omisión o desprecio de la ley se pasó por alto la aplicación del Artículo

353A del Código Penal sobre “Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público”

delito que sanciona con prisión, multas e inhabilidades de derechos y funciones públicas a quien “por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la

infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud

pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo”.


Seamos claros. Ascendiendo en la jerarquía del ordenamiento jurídico se omitió acudir al artículo 213 de la Carta Política que faculta al Jefe de Estado a declarar el estado de

Conmoción Interior, parcial o total en el territorio nacional, norma superior reglamentada por la Ley 137 del 94, para emplear cuando los mecanismos ordinarios no funcionan. En resumen, es lamentable la omisión de la constitución y la ley para contrarrestar, con carácter disuasivo y persuasivo, la arremetida de los agentes criminales que causaron caos, pánico social, destruyeron e incendiaron bienes públicos y privados, lesiones y muerte a civiles y autoridades.


La nuestra es una constitución progresista que, requiere de ajustes dables en condiciones normales no en medio de emergencias como las que afrontamos, a través de la participación ciudadana vía asamblea nacional constituyente o referendo constitucional. Colombia es un Estado sujeto a la Supremacía Constitucional.

Como experiencia nos queda la imagen de un pre-constituyente que, desde la calle, entre pacífico y violento, salió a cobrar la bicentenaria deuda de injusticias sociales que el narco- terrorismo populista aprovechó para hacer su agosto. El gobierno, cobarde y calculador, fue inferior al mandato popular para ejercer la autoridad y mando y terminó dejando al pueblo honrado y trabajador a expensas del crimen. Caro tendrá que pagar su desprecio del orden, la constitución, la ley y, peor, haber manejado el país en sus peores crisis al revés.


Hoy más que nunca, despojados de cualquier interés político, personal o de otra

naturaleza, la consigna es unirnos para salvar al país, a la democracia y el futuro de

nuestras familias.



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