Conpes da concepto favorable para digitalizar justicia con crédito por 100 millones.

Con una inversión inicial de $364.000 millones la Rama Judicial del país adelantará una profunda transformación digital, con la cual se permitirá elevar la transparencia y la efectividad en la prestación de los servicios de justicia.


Para la financiación de la primera fase de este proyecto, el Gobierno Nacional contratará un crédito externo con la banca multilateral hasta por 100 millones de dólares, operación sobre la cual hoy el Consejo de Política Económica y Social (Conpes) emitió concepto favorable.


El objetivo de la primera fase del Programa de transformación digital de la Justicia es incrementar la eficiencia y la transparencia del sistema de justicia para resolver los procesos y dar una pronta atención a las necesidades de los ciudadanos.


Luis Alberto Rodríguez, Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), afirmó que estos recursos serán usados para la transformación digital de la Justicia, con el fin de hacerla más transparente y eficiente, y “esperamos que en los primeros cuatro años puedan ser revisados el 64% de los casos, con un acceso inmediato a las decisiones judiciales”.
Por su parte, Víctor Muñoz, Director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), aseguró que la digitalización de la Justicia está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo donde se estableció la transformación digital como un elemento de transparencia, de competitividad para el país y de eficiencia en la administración pública.

“Está alineada con el Conpes de Transformación Digital y de Inteligencia Artificial que fue expedido ya hace unos meses; y también de la mano con proyectos tan importantes como ha sido el de Catastro Multipropósito y Transformación de la DIAN, que hacen parte de todo ese paquete de digitalización de la administración pública”, aseguró Muñoz.


Así mismo, el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, afirmó que el 95% de estos recursos van a ser ejecutados por el Consejo Superior de la Judicatura y el resto por otras entidades de la Rama Ejecutiva.


“Va a ser la transformación de nuestra Rama Judicial. El expediente digital nos va a servir muchísimo para poder descongestionar la Rama Judicial, que tantas y tantas demandas actualmente cursan en contra del Estado colombiano y también con las otras ramas como es la Justicia Ordinaria, Constitucional, entre otras”, indicó Ruiz.


Con la modernización de la justicia se estima que los ciudadanos se ahorrarán, en promedio, $120.000 por proceso, unos $33.600 millones al año.


Otro avance significativo que se espera lograr es que en cuatro años el número de procesos que contarán con notificaciones digitales pasará de 140.000 a 1.120.000, cada año.


La consulta de los distintos procesos y servicios digitales de justicia se elevará del 1% al 60%.


Se pasará de 864 a 3.000 despachos judiciales con mecanismos apropiados de acceso y transparencia en su gestión procesal y administrativa, un avance del 17% al 64%.


La profundización digital beneficiará a las altas cortes, a 5.446 despachos judiciales y un poco más de 31.000 servidores de la Rama Judicial.

Inversiones y reconversión


Para el logro de los objetivos de la primera fase del Programa para la transformación digital de la justicia se realizarán las siguientes inversiones:


Se destinarán 37 millones de dólares, unos $135.000 millones, al fortalecimiento institucional del sistema de justicia, recursos que permitirán, entre otras acciones, el diseño e implementación de la estrategia de ciberseguridad y protección de la información.


Otros 43 millones de dólares, esto es $155.000 millones, se dirigirán al afianzamiento de los servicios digitales y de tecnología, entre otros para el sistema de justicia oral, el expediente digital y la agilización en los trámites de las tutelas.


?En el mejoramiento del entorno y la cultura digital en la justicia se utilizarán 14 millones de dólares, cerca de $51.000 millones, para implementar una estrategia de gestión del cambio y del modelo de servicios digitales para que estos sean de fácil uso para los ciudadanos.


Estas medidas le permitirán al sistema de justicia del país ajustarse a los estándares tecnológicos internacionales y centrar sus servicios en el ciudadano.


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